La presidenta Xiomara Castro anunció la creación de una comisión presidencial de alto nivel, encabezada por la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, con el objetivo de presentar soluciones legales y humanas para la preservación de los recursos naturales en zonas protegidas.
La mandataria explicó que esta comisión buscará continuar el diálogo con las comunidades ubicadas en áreas clave como la Biosfera del Río Plátano, la Reserva Tawahka, Wuarunta, el Río Patuca, el Río Segovia y la Cordillera Entre Ríos.
La ministra Cerna ha sido instruida para trasladarse de manera inmediata a la ciudad de Catacamas, donde se llevarán a cabo las reuniones de emergencia.
Esta iniciativa forma parte del Consejo de Defensa y Seguridad y del Plan Cero Deforestación 2030, con el que el gobierno busca implementar medidas efectivas para proteger los ecosistemas y asegurar el bienestar de las comunidades locales.
La presidenta reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y la búsqueda de un desarrollo sostenible que beneficie a las generaciones futuras.
Asesinato de ambientalista
Este anuncio se da en el contexto del reciente asesinato del líder ambientalista Juan López, ocurrido el pasado sábado 14 de septiembre en Tocoa, Colón.
López, reconocido defensor de la tierra y regidor de Tocoa, era un activo opositor al megaproyecto minero en el río Guapinol, conocido como el «Monstruo de Siete Cabezas».
Este proyecto incluye dos minas de óxido de hierro, una termoeléctrica, una planta peletizadora y tres pozos que amenazan con secar el río Guapinol, ubicado en un área protegida.
Antecedentes de violencia contra ambientalistas en Honduras
El asesinato de Juan López se suma a otros casos emblemáticos de violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado al Estado hondureño en varias ocasiones por no garantizar la protección de estos activistas.
Uno de los casos más conocidos es el de Blanca Jeannette Kawas, presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), quien fue asesinada por sicarios el 6 de febrero de 1995.
Kawas, una destacada defensora del ambiente, fue asesinada en su hogar y su muerte sigue siendo un símbolo de la lucha ambiental en el país.
Otro caso es el de Carlos Escaleras, defensor de los derechos humanos y ambientales, asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón.
La Corte IDH responsabilizó al Estado de Honduras por violaciones a los derechos a la vida y libertad de asociación en perjuicio de Escaleras.
También, Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, fue asesinado el 18 de mayo de 1998.
Otro caso que sacudió al país fue el asesinato de Berta Cáceres, a quien le quitaron la vida el 3 de marzo de 2016.
Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Ante todos estos casos de violencia contra ambientalistas, la creación de la comisión presidencial y el Plan Cero Deforestación 2030, el gobierno de Honduras busca no solo proteger los recursos naturales del país, sino también garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente en una de los países más peligrosas para los activistas.
